Un mismo desastre, dos caminos jurídicos distintos

La fuerza mayor permite suspender un contrato cuando impide temporalmente ejecutarlo. No basta señalar que hubo terremoto: debe demostrarse la imposibilidad concreta. La Circular 96 de 2026 del Ministerio del Trabajo recuerda esta exigencia y el aviso inmediato al inspector para comprobarla. Es una orientación administrativa general, no una autorización expedida para La Rosa. Circular 96, apartado 11.

Distinto es suspender actividades por razones técnicas o económicas independientes de la voluntad empresarial. Esa vía exige autorización previa del Ministerio y comunicación simultánea por escrito a los trabajadores; su límite es de 120 días. Confundir las dos figuras cambia el procedimiento y puede cambiar las consecuencias para el salario. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 51.

La Corte Suprema explicó en la sentencia SL2430-2024 que no basta nombrar un acontecimiento extraordinario. Hay que estudiar si podía preverse, si era posible evitar o superar sus efectos y si tuvo relación con una conducta culpable de quien lo invoca. También precisó que lo temporal es la suspensión, que busca conservar el empleo, no necesariamente el acontecimiento considerado aisladamente. Aquel litigio surgió de una crisis contractual minera, no de un terremoto: orienta las preguntas, pero no decide el caso de La Rosa. Sentencia, páginas 15–23.

Un ejemplo hipotético, ajeno a esa empresa, ayuda a entenderlo: si una sección queda inutilizable y otra continúa operando, ese funcionamiento parcial no demuestra por sí solo que toda suspensión sea ilegal; tampoco justifica suspender a cualquiera. Hay que relacionar los daños, las funciones y las posibilidades reales de ejecutar el contrato con seguridad. El informe técnico y la carta dirigida al trabajador deben poder explicar esa relación.

El salario depende de la medida, no de su nombre

Si existe una suspensión legal, el artículo 53 interrumpe las obligaciones de trabajar y pagar salarios durante ese lapso, sin borrar obligaciones anteriores ni todas las protecciones. Si no existe una suspensión legal y el servicio no se presta por disposición o culpa empresarial durante la vigencia del contrato, el artículo 140 protege el salario. Un permiso remunerado o unas vacaciones pagadas no son equivalentes a una suspensión sin salario. Código, artículos 53 y 140.

El Decreto 1417 de 2026 tampoco resolvió automáticamente esta controversia. Para ciertas solicitudes de suspensión por dificultades técnicas o económicas causadas por el sismo, prevé una respuesta en quince días hábiles desde la radicación completa. Esto acelera el trámite, pero el silencio del Ministerio no equivale a un permiso. Además, el decreto protege las condiciones más favorables pactadas con los trabajadores. El trámite excepcional no puede prolongarse automáticamente: exige que persistan las causas, tiene un máximo de seis meses desde la publicación del decreto y requiere certificación ministerial para continuar después de la emergencia. No verificamos esa certificación para este caso. Decreto, artículos 45, 46 y 48.

Los apoyos económicos se limitan a los territorios y personas comprendidos en la emergencia. El auxilio a nómina está dirigido a empleadores definidos por la norma, entre ellos micro y pequeñas empresas; no puede prometerse a La Rosa. La ayuda para cesantes —personas que han quedado sin actividad remunerada ni ingresos— exige acreditar, entre otros requisitos, la afectación por el desastre y los aportes previos, y depende de los recursos disponibles. Tener el contrato suspendido no demuestra que se cumplan todas esas condiciones. Decreto, artículos 2, 5 y 21–27.

Si después se plantearan cierre o despidos colectivos, habría que estudiar las autorizaciones y consecuencias del artículo 67 de la Ley 50, incluidos los supuestos de indemnización. No son hechos acreditados aquí. También deben revisarse individualmente embarazo, discapacidad y fuero sindical: sus garantías tienen requisitos propios, no desaparecen por el desastre. Ley 50, artículo 67; Código, artículos 239 y 405; Ley 361, artículo 26.

Para quienes recibieron una comunicación de terminación, el análisis sobre empleo después del sismo ayuda a separar esa situación de una suspensión.