Primero, volver al momento de la contratación

El punto de partida es saber quién contrató al docente y para qué labores. Esta explicación se refiere a profesores de establecimientos particulares de enseñanza. Un docente oficial tiene otro régimen; tampoco basta trabajar dentro de un colegio para que toda persona quede sometida a las reglas especiales del profesorado.

Después viene el acuerdo. El artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo contempla el año escolar como regla cuando no se ha estipulado algo diferente. De ahí no sale una orden de contratar siempre por diez meses. Para entender por qué, conviene mirar una decisión que sigue siendo importante, aunque no sea nueva.

En la sentencia C-483 de 1995, la Corte Constitucional eliminó la expresión que permitía apartarse de esa duración únicamente para pactar un tiempo menor. Consideró incompatible con la estabilidad laboral que la ley impusiera ese techo a los docentes privados. La decisión dejó abierta la posibilidad de acordar una duración mayor; no convirtió todos los vínculos docentes en contratos indefinidos.

Volvamos a la profesora del ejemplo. Si el documento contiene una fecha posterior al cierre de clases, esa estipulación debe ser examinada. También interesa conocer si se acordaron tareas de evaluación, preparación o acompañamiento después del periodo lectivo. El mensaje recibido no reemplaza esos antecedentes ni permite decidir, por sí solo, que la terminación fue correcta o incorrecta.

Después, seguir lo que ocurrió durante el año

El contrato cuenta una parte de la historia; las actividades y los pagos permiten completarla. Por eso resulta útil ordenar, desde el ingreso, los cambios de funciones, las modificaciones del acuerdo, los recesos y las comunicaciones sobre continuidad. Una reunión de trabajo durante las vacaciones estudiantiles merece atención: el descanso del alumnado no demuestra automáticamente que el profesor estuviera disfrutando vacaciones.

Aquí aparece otra regla especial. El artículo 102 equipara el trabajo del año escolar al del año calendario para vacaciones y cesantías. Además, dispone que las vacaciones reglamentarias del establecimiento dentro del año escolar son remuneradas y excluyen las vacaciones legales en cuanto excedan de quince días. La Corte mantuvo esa disposición en la misma sentencia.

La equivalencia tiene una finalidad concreta. Si se completó el año escolar, no corresponde tratarlo como un periodo incompleto simplemente porque no abarcó doce meses. Pero tampoco puede extenderse esa equivalencia, sin fundamento, a cualquier concepto de la nómina. Para revisar la cuenta de nuestra profesora habría que separar cesantías, vacaciones y los demás pagos, y establecer qué descansos tuvo realmente.

Finalmente, revisar la terminación con las reglas actuales

Un colegio puede señalar, razonablemente, que su actividad se organiza por ciclos académicos. Esa particularidad importa y explica la existencia de normas especiales. Lo que no permite es convertir la costumbre institucional en una duración obligatoria para todos, sin leer lo acordado y lo efectivamente trabajado.

Además, la Ley 2466 de 2025, artículos 5 y 6, modificó las reglas generales sobre contratos indefinidos, a término fijo y por obra o labor. La revisión actual debe considerar esa reforma junto con el régimen docente especial. Sería apresurado trasladar automáticamente una regla general de prórroga a cualquier contrato por año escolar, o afirmar que la reforma convirtió por sí sola todos esos vínculos en indefinidos.

Antes de responder una comunicación de terminación, reúna el contrato, sus modificaciones, el calendario académico, las asignaciones de trabajo y la liquidación. Con esa secuencia será posible formular preguntas concretas, en lugar de discutir únicamente si el curso duró diez meses.

Al revisar los pagos finales, también es útil distinguir liquidación e indemnización, sin perder de vista las particularidades del contrato docente.