Después del sismo de mayo de 2008, empleados judiciales de Bogotá pidieron salir del edificio Hernando Morales Molina. Denunciaban grietas y dificultades de evacuación. Cuando el asunto llegó a la Corte Constitucional, la respuesta no consistió en escoger entre creerles o exigirles que volvieran sin explicación: hubo que examinar estudios técnicos y distinguir la seguridad de la estructura de las condiciones para evacuar.

En la sentencia T-1002 de 2010, la Corte dejó sin efecto la orden de reubicación inmediata, pues los peritajes no acreditaban la amenaza estructural que la justificara. Al mismo tiempo, ordenó reforzamiento o inversión en reubicación y medidas frente a deficiencias funcionales. Que el edificio no debiera desalojarse automáticamente no significaba que pudiera continuar sin correcciones. Ese caso histórico ayuda a comprender una pregunta que reaparece después de un temblor: ¿qué debe hacer una empresa cuando alguien considera inseguro regresar?

Este 3 de noviembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano informó un sismo de magnitud 5,6, ocurrido a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, Tolima. Radio Nacional, en una información firmada por Diego Fonseca, reportó que fue sentido en Pereira. Esos datos no permiten declarar seguro o inseguro un inmueble concreto de la ciudad: esa valoración requiere evidencia propia.

En una relación laboral privada, la respuesta depende de tres asuntos que conviene examinar por separado: si hay motivos razonables para percibir un peligro inminente, si existe una afectación de salud que exige atención o ajustes y si las funciones pueden prestarse temporalmente a distancia. Ni la negativa es automáticamente desobediencia ni el miedo concede, por sí solo, una autorización indefinida para trabajar desde casa.

La primera decisión es proteger, no sancionar

El artículo 21 de la Decisión Andina 584 reconoce el derecho a interrumpir la actividad cuando existen motivos razonables para considerar que un peligro inminente amenaza la seguridad propia o la de otros trabajadores. La protección frente a perjuicios tiene límites: no cubre la mala fe ni la negligencia grave. Por eso, la evaluación no se agota en preguntar si hubo permiso para salir; debe establecer qué estaba ocurriendo y por qué se consideró peligroso continuar.

La Sala Laboral de la Corte Suprema aplicó esa distinción en la sentencia SL1450-2018. Un supervisor ordenó desmontar una línea de flujo con un winche, pese a que el procedimiento exigía una grúa. Los trabajadores se negaron y suspendieron actividades. La Corte rechazó la declaración de ilegalidad del cese y explicó que la resistencia fundada ante una orden peligrosa no está sometida a trámites especiales, más allá de avisar al empleador y tener motivos razonables. No era un caso de sismo ni una autorización general para ausentarse: la orden, el riesgo y las pruebas fueron decisivos.

Trasladado al regreso a una sede, esto exige escuchar el reporte y contrastarlo con hechos: daños visibles, desprendimientos, instrucciones de evacuación, restricciones oficiales o problemas en las salidas, entre otros. No corresponde exigir que el trabajador demuestre primero, con un dictamen de ingeniería, que el edificio va a colapsar. Tampoco basta que haya temblado para dar por probado que persiste un peligro inminente en cualquier lugar.

Los deberes de prevención y respuesta a emergencias del Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25, obligan a gestionar los riesgos y corregir condiciones inseguras. La empresa debe aplicar su protocolo, atender las instrucciones de las autoridades y obtener la evaluación pertinente al caso. No todos los temblores exigen el mismo estudio, pero una orden de retorno no puede descansar únicamente en que nadie ha probado un derrumbe futuro.

Una sede segura no resuelve por sí sola la salud de cada persona

Puede ocurrir que la evaluación del inmueble permita regresar y, aun así, una persona necesite atención por una afectación de salud. Llamarla de entrada un pretexto impide examinar lo que realmente sucede. A la inversa, el temor expresado no equivale por sí solo a un diagnóstico, una incapacidad o una discapacidad. La atención clínica y la evaluación ocupacional cumplen funciones distintas de la inspección del edificio.

La sentencia T-115 de 2025 estudió el caso de un fiscal con afecciones diagnosticadas y recomendaciones médico-laborales. La Corte ordenó valorar y concretar ajustes efectivos de carga laboral, con participación del trabajador y coordinación con la administradora de riesgos laborales. Su enseñanza no es que cualquier miedo dé derecho a quedarse en casa, sino que las recomendaciones acreditadas requieren una respuesta efectiva. La T-288 de 2026 retomó ese deber de prevención y atención de riesgos psicosociales en otro caso de una servidora pública; ninguno de esos fallos resolvió una negativa individual a ingresar después de este sismo.

Para la empresa privada, la Resolución 1843 de 2025 ofrece el marco de las evaluaciones ocupacionales y sus recomendaciones o restricciones. El empleador debe gestionar el concepto que corresponda, no reclamar indiscriminadamente la historia clínica. Una alternativa temporal puede consistir en ajustar tareas, ubicar a la persona en otra sede segura o habilitar trabajo a distancia cuando resulte procedente; la medida depende de la condición comprobada y de la actividad.

Pedir trabajo en casa no equivale a haberlo obtenido

Para circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, la Ley 2088 de 2021 regula el trabajo en casa. En el sector privado, el Decreto 649 de 2022 contempla la solicitud escrita, acompañada de la prueba de la situación invocada, y una respuesta empresarial escrita en un término no mayor a cinco días. La solicitud no genera por sí sola el derecho a escoger esta modalidad.

Eso obliga a resolver, no a rechazar mediante una frase genérica. La empresa debe examinar la causa, las funciones y las condiciones para prestar el servicio. El plazo de respuesta tampoco permite dejar sin atención un peligro inmediato o una necesidad urgente de salud. Si se habilita la modalidad, deben quedar claras su duración, las tareas, los medios de comunicación y las condiciones de ejecución, sin convertir la excepción en disponibilidad permanente.

Hay además una actualización que no debe perderse de vista: el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025 incluyó el teletrabajo temporal o emergente para situaciones como emergencias sanitarias y desastres naturales, sin desplazar las reglas del trabajo en casa. No toda prestación desde el hogar tiene el mismo régimen. Identificar la figura aplicable es parte de la decisión, no un detalle del nombre que se le dé.

Antes de hablar de abandono, reconstruir lo ocurrido

El artículo 60.4 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe faltar sin justa causa de impedimento o permiso. Esa condición importa: que no exista autorización para trabajar en casa no elimina una posible justificación por peligro o salud. La empresa debe conocer las explicaciones y los soportes antes de calificar la conducta; el trabajador, por su parte, debe comunicar lo sucedido y mantener un canal de contacto, no limitarse a desaparecer.

Si después de la evaluación corresponde iniciar una actuación disciplinaria, deben respetarse las garantías del artículo 115, reformado por la Ley 2466 de 2025, y el régimen aplicable a ese empleador. Un despido tampoco puede analizarse automáticamente como si toda terminación fuera una sanción: hay que revisar la causa, los acuerdos y las garantías pertinentes. La respuesta jurídica no sale del número de días de ausencia aislado de su explicación.

El regreso al trabajo necesita una decisión que pueda explicarse con hechos. Para quien dirige la empresa, eso significa demostrar qué se revisó y cómo se protegerá a las personas. Para quien teme volver, significa comunicar su situación y permitir que se evalúen sus razones. Entre imponer el retorno sin escuchar y asumir que toda presencialidad quedó suspendida existe una obligación concreta: examinar el riesgo y responder a la situación real.

Análisis jurídico con corte de consulta al 3 de noviembre de 2026. Los fallos citados son antecedentes de distintos contextos, no decisiones sobre el sismo de hoy ni un concepto de seguridad de edificios de Pereira. La búsqueda de tratamiento posterior no es exhaustiva. El régimen disciplinario aquí explicado corresponde a relaciones laborales privadas; los servidores públicos requieren revisar sus reglas propias.