En Pereira, 7.363 acciones de tutela relacionadas con salud quedaron registradas en el análisis territorial de 2024 incluido en el informe de la Defensoría del Pueblo fechado en marzo de 2026. Para Risaralda, el mismo informe reporta 12.799. Las cifras ayudan a dimensionar la necesidad de protección, aunque no permiten atribuir todos esos procesos a medicamentos sin entregar.

El problema tiene una expresión concreta: una fórmula médica puede estar autorizada y, aun así, el medicamento no haber llegado a manos del paciente. El informe identifica las citas con especialistas y los medicamentos entre los motivos más frecuentes en las tutelas estudiadas en el país. La autorización, por sí sola, no permite conocer si el tratamiento se recibió a tiempo. Informe de tutelas en salud 2024, páginas 34–37 y 48–50.

En abril de este año, la Defensoría informó que las tutelas en salud pasaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, un aumento del 17,92 %. Ese crecimiento corresponde al país; no permite atribuir el mismo porcentaje a Pereira o a Risaralda. Balance nacional publicado el 23 de abril de 2026.

Lo que revela la distancia entre autorizar y entregar

La dificultad no se agota en contar trámites. El 11 de septiembre de 2026, la Defensoría presentó su informe de Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud. Allí contrastó los reportes de las entidades con verificaciones hechas a usuarios: el 87 % de 2.042 participantes en una encuesta nacional manifestó problemas de entrega de medicamentos. Ese resultado describe a quienes participaron en ese ejercicio; no autoriza a afirmar que el mismo porcentaje de todos los afiliados, o de los habitantes de Risaralda, esté en esa situación.

El comunicado también señala que, durante la atención territorial posterior al sismo, se hicieron más visibles barreras que ya existían en Risaralda y otros departamentos. Atribuir todo retraso al terremoto borraría esa diferencia entre los problemas previos y los agravados por la emergencia. Informe DIPSA presentado el 11 de septiembre.

Una reclamación que permita entender lo ocurrido

Para quien espera una entrega, el primer trabajo consiste en reunir la fórmula, la autorización si existe y las constancias de dispensación parcial o de medicamentos pendientes. Conviene ordenar las fechas: cuándo se pidió el servicio, qué se entregó, qué falta y qué explicación recibió. Si la situación afecta la continuidad del tratamiento, el soporte médico sobre esa necesidad ayuda a explicar la urgencia. Esta organización es una recomendación práctica, no una lista de requisitos que permita rechazar cualquier reclamación incompleta.

Con esos antecedentes puede solicitarse a la EPS una solución concreta y conservar el número de radicado. La Ley Estatutaria de Salud reconoce el acceso oportuno a los medicamentos y prohíbe trasladar al usuario cargas administrativas que corresponden a los responsables del servicio. También protege la continuidad: un servicio ya iniciado no puede interrumpirse por razones administrativas o económicas. Ley 1751 de 2015, artículos 6 y 10.

Si la dificultad persiste, los canales oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud permiten presentar el reclamo y seguirlo con su radicado. Es útil explicar la falta de entrega, su duración y el riesgo particular, en lugar de limitarse a señalar que la atención fue mala. La reclamación administrativa sirve para poner el problema en conocimiento de la autoridad, pero su radicación no acredita que el medicamento ya haya sido entregado. Canal oficial de reclamos de Supersalud.

Cuándo valorar la tutela

Cuando la falta de atención amenaza o vulnera un derecho fundamental, puede ser necesario acudir al juez. La tutela no exige abogado, y su procedencia debe estudiarse según las circunstancias y la eficacia de los otros medios judiciales. Tampoco exige agotar previamente recursos administrativos. Documentar lo sucedido ayuda a explicar la amenaza; no equivale a imponerle al paciente una cadena interminable de trámites.

Si la protección no puede esperar al fallo, puede pedirse una medida provisional, indicando qué se necesita y por qué es urgente. Corresponde al juez valorar su necesidad y decidirla. El Decreto 2591 de 1991 permite, además, que otra persona actúe por quien no esté en condiciones de defenderse, dejando expresada esa circunstancia. Estas posibilidades no significan que toda solicitud deba concederse automáticamente. Decreto 2591 de 1991, artículos 6, 7, 9, 10 y 14.

La gestión jurídica tampoco reemplaza la atención de urgencias que requiera la persona. Si una familia necesita ayuda para organizar la reclamación, SOLUTIO puede revisar la orden médica, las respuestas recibidas y las alternativas aplicables al caso, con el alcance y los honorarios acordados previamente. La meta del reclamo debe quedar clara desde el comienzo: obtener la atención necesaria, no acumular números de radicado.