El 19 de octubre, la Cámara de Comercio de Pereira anunció una jornada gratuita para resolver diferencias mediante el diálogo. Fijó el 23 como fecha límite para las solicitudes y programó audiencias virtuales del 26 de octubre al 6 de noviembre. Ahora, en la última semana de ese calendario, quienes ya tienen una audiencia deben mirar más allá de la conexión: qué están dispuestos a acordar y cómo quedará escrito.

La convocatoria incluyó asuntos familiares como alimentos, custodia y visitas, además de deudas y arrendamientos, con prioridad para personas de estratos 1, 2 y 3 y población rural. La recepción anunciada ya terminó; esta noticia no informa una reapertura ni confirma cupos disponibles. El anuncio de la Cámara, del 19 de octubre de 2026 permite comprobar esas fechas. El Ministerio de Justicia sitúa la jornada nacional en el mismo periodo.

El acuerdo debe poder cumplirse

Una conversación puede terminar con buena disposición y dejar todavía una obligación confusa. Por eso, antes de aceptar, vale la pena revisar quién se compromete, qué debe hacer y en qué fecha. Cuando hay dinero, importan el monto y la forma de pago; cuando existen varios desacuerdos, conviene separar cuáles quedan resueltos y cuáles continúan pendientes.

La Ley 2220 de 2022, artículo 64 exige que el acta precise, según corresponda, la cuantía y las condiciones de cumplimiento. El documento tiene mérito ejecutivo: puede servir para exigir judicialmente lo pactado. También produce cosa juzgada sobre lo conciliado. No es, entonces, una simple constancia de que las personas conversaron, ni significa que el cumplimiento esté garantizado.

Participar no es aceptar cualquier propuesta

El conciliador ayuda a construir una salida y puede proponer alternativas, pero son las partes quienes deciden si las aceptan. Los artículos 3 y 4 del Estatuto de Conciliación sitúan esa decisión en ellas. Si no se logra un acuerdo, el artículo 65 prevé una constancia; no autoriza convertir una propuesta rechazada en una obligación impuesta.

Antes de la audiencia, ordene las comunicaciones, decisiones anteriores y soportes relacionados con la diferencia. Durante la conversación, pida aclaración si una frase admite varias interpretaciones. Son recomendaciones para preparar la participación, no requisitos adicionales impuestos por la convocatoria.

En alimentos, una revisión puede ser necesaria

El carácter obligatorio de un acuerdo no significa que una cuota alimentaria quede congelada para siempre. El ICBF explica que puede intentarse su revisión cuando cambian las condiciones del niño, niña o adolescente o de quien debe aportar. Si no hay consenso sobre la modificación, sigue vigente el acuerdo anterior y puede acudirse a la instancia judicial.

Por eso, una familia debe distinguir entre cumplir lo que ya está vigente y solicitar que se revise. Dejar de pagar por decisión unilateral no equivale a modificar una cuota. La conciliación solo puede ocuparse de asuntos legalmente conciliables y dentro de la competencia de quien conduce el trámite; no permite renunciar a la protección de los niños, niñas y adolescentes establecida en los artículos 5, 8 y 9 del Código de Infancia y Adolescencia.