La historia empieza antes de hacer el inventario

Para examinar una unión marital importa establecer cómo se desarrolló la convivencia: cuándo comenzó, si fue permanente y singular, y cuáles hechos muestran una comunidad de vida. Una fotografía aislada o una dirección compartida no cuenta necesariamente toda esa historia. La documentación y los testimonios deben valorarse en conjunto, atendiendo a lo que cada uno demuestra y a sus límites.

La Ley 54 de 1990 diferencia esa unión del régimen patrimonial. El periodo de dos años relevante para la presunción de sociedad patrimonial no significa que toda convivencia anterior carezca de significado jurídico. Tampoco convierte automáticamente en comunes todos los bienes que cualquiera de los dos tenga a su nombre.

Un buen comienzo es elaborar una cronología sin intentar acomodarla a una conclusión. Anote cambios de domicilio, separaciones, compras relevantes y documentos suscritos. Si hubo un matrimonio anterior, incorpore el registro correspondiente y las escrituras o decisiones sobre divorcio y sociedad conyugal. «Hace años no vivimos juntos» y «la sociedad conyugal está disuelta» no son afirmaciones intercambiables.

Por qué los vínculos anteriores cambian el análisis

En la Sentencia C-193 de 2016, la Corte Constitucional estudió requisitos del régimen patrimonial, no una disputa concreta sobre el reparto de la casa de una pareja. Mantuvo, por los cargos examinados, la exigencia de disolución de la sociedad conyugal anterior y retiró la espera adicional de «por lo menos un año». La razón central fue distinguir la prevención de patrimonios universales superpuestos de una espera que no tenía justificación suficiente.

Esa decisión sigue siendo útil para entender por qué una fecha puede cambiar el estudio. Sin embargo, no autoriza a resolver todos los casos mirando una sola casilla del registro civil. La situación de una sociedad anterior, el momento de las adquisiciones y las pretensiones posibles requieren revisión conjunta. Si la sociedad patrimonial no procede, todavía debe estudiarse si los hechos y las pruebas permiten otra protección económica; esta guía no anticipa cuál ni con qué resultado.

También conviene evitar una confusión frecuente al leer textos antiguos: disolver y liquidar son actuaciones distintas. La Ley 979 de 2005, en su versión con notas de constitucionalidad, permite advertir que varias expresiones de la redacción original fueron retiradas del ordenamiento. Una copia sin esas notas puede ofrecer una respuesta desactualizada.

Los bienes y los plazos necesitan su propia revisión

Una vez aclarada la cronología, el inventario ayuda a identificar qué se adquirió, cuándo, con qué recursos y qué obligaciones existen. Conserve escrituras, extractos, contratos de crédito y soportes de aportes. El nombre que aparece en un documento es importante, pero el análisis patrimonial no debe descansar únicamente en esa información ni en una promesa verbal de reparto.

Si ya ocurrió una separación definitiva o un fallecimiento, consulte oportunamente. El artículo 8 de la Ley 54 establece un término de prescripción de un año para las acciones de disolución y liquidación, con puntos de partida definidos legalmente. Su cómputo y las actuaciones que puedan incidir en él deben examinarse en el caso concreto; no se confunde con la pretensión relativa al reconocimiento del vínculo.

En el ejemplo inicial, el paso útil no sería escoger entre «mitad de todo» y «ningún derecho». Sería separar la prueba de la convivencia, la situación de los patrimonios y la oportunidad de actuar. Esa distinción permite formular una solicitud que corresponda a los hechos y conservar pruebas relevantes antes de que se pierdan.

Si la consulta surge por el fallecimiento de la pareja, también puede ser útil organizar la información para una sucesión sin testamento, sin dar por resueltas las preguntas sobre la convivencia.