Primero, reconstruya la familia y los documentos

Cuando no existe testamento, la ley establece el orden en que se llama a suceder. No basta con hacer una lista de quienes estuvieron presentes en el funeral o se ocuparon del cuidado. Los registros civiles permiten acreditar los vínculos relevantes; también deben revisarse el matrimonio, la unión marital y las circunstancias que puedan modificar quién interviene y con qué derecho. El Código Civil, en sus reglas sobre sucesión intestada, diferencia órdenes sucesorales y situaciones que no conviene reducir a la idea de que «todo se divide entre los familiares».

Empiece por el registro civil de defunción y continúe con los documentos de parentesco y de pareja. Si una persona llamada a heredar murió antes, si existe discusión sobre una filiación o si alguien actúa por representación, esa circunstancia debe quedar visible desde el comienzo. Una duda no se resuelve borrando a la persona del listado: se identifica para establecer cómo debe acreditarse o discutirse su intervención.

Después, separe los bienes de las suposiciones

La casa donde vivía el fallecido puede ser propia, compartida o integrar un patrimonio que deba liquidarse previamente. Por eso interesa reunir escrituras, certificados de tradición, información sobre cuentas y vehículos, y documentos de créditos. También conviene identificar quién administra los bienes, qué ingresos producen y cuáles gastos se han pagado desde el fallecimiento.

La documentación cumple funciones distintas. Una factura puede demostrar un desembolso, pero no convierte automáticamente a quien lo hizo en dueño de una parte mayor. Un certificado de tradición ayuda a conocer la situación registral de un inmueble, aunque no reemplaza el estudio de su adquisición y de los derechos discutidos. La tarea inicial consiste en ordenar esos soportes, no en darles un efecto que todavía no se ha establecido.

Las deudas merecen el mismo cuidado que los activos. En el trámite judicial, el artículo 501 del Código General del Proceso regula su inclusión y permite plantear controversias sobre el inventario. Anotar que alguien reclama dinero no equivale a aceptar que todo lo reclamado deba pagarse. Deben examinarse el soporte, la naturaleza de la obligación y las objeciones que correspondan.

Si además surge una posible solicitud de pensión de sobrevivientes, conviene estudiarla por separado, sin confundirla con el reparto de la herencia.

Con esa información, se decide la vía

El acuerdo entre los interesados es relevante para estudiar una sucesión notarial. El Decreto 902 de 1988, con sus modificaciones, regula esta posibilidad y contempla qué ocurre cuando aparece un desacuerdo. No basta con que dos familiares estén conformes: deben verificarse todos los interesados y los requisitos del caso, incluidas las reglas de representación cuando sean necesarias.

Cuando hay controversias, puede requerirse intervención judicial. La elección no depende solo del valor del inmueble ni de cuál oficina prometa mayor rapidez. Importan las personas involucradas, las pruebas disponibles y aquello que necesita decisión. La orientación de MinJusticia sobre sucesiones de común acuerdo permite reconocer el recorrido general, sin sustituir la revisión particular.

Volviendo al ejemplo, la decisión prudente sería reunir la información antes de comprometer una venta o prometer porcentajes. Así, los hermanos podrían saber qué se puede repartir y qué debe aclararse primero. Esto no garantiza que desaparezca el conflicto, pero permite discutir sobre documentos y derechos, no únicamente sobre recuerdos o percepciones.